Martín Granovsky
El jueves pasado festejó sus 76. Lleva un año fuera de la Corte Suprema tras haber cumplido la promesa de que a los 75 se jubilaría. Este año asumirá como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo para el que fue elegido en 2015. Mientras tanto, Raúl Zaffaroni no se priva de analizar al gobierno e incluso a la oposición.
–Después de la represión a los trabajadores de Cresta Roja también fueron reprimidos con balas de goma a corta distancia los estatales de La Plata. ¿Es un plan?
–Ante todo, los Estados modernos debemos cuidar a las burocracias. Si uno presume que hay “ñoquis” hay que poner a todo el mundo a trabajar y al que no trabaja se lo echa. No se echa a todos indiscriminadamente porque de esa manera se destruyen burocracias que ha costado mucho dinero construir: no se “fabrican” funcionarios de un día para el otro. Provocar cesantías masivas para meter luego a los propios es cosa de hace un siglo, no de un Estado contemporáneo, que necesita burocracias fuertes y consolidadas. En cuanto a la represión, es una torpeza política peligrosísima. Van a matar a alguien, no sean brutos. Están generando una masa de gente con bronca. ¿O acaso es una provocación? ¿Quieren que alguien se descontrole para justificar un homicidio? Eso, además de ser un crimen, tendría un alto costo político. El campo popular debe hacerse cargo urgentemente de conducir a esa gente, de contenerla. Hay que evitar que respondan a esas provocaciones. Nadie debe caer en esa trampa mortal.
–¿De qué modo?
–Ni la más mínima violencia como respuesta. Esa debe ser la consigna. Seguir protestando cuando corresponde, pero aguantar de pie. No cortar calles ni rutas, dejar pasar los vehículos, ocupar una parte nada más. No dar pretexto a la criminalización. Pero estar, protestar con la presencia, con lo que sea, de pie y firmes. Sin violencia. Sin dar excusas a la represión. Si alguno lo intenta, o es un infiltrado o es alguien a quien se debe contener de inmediato. Cuidado que en eso va la vida.
–Resistencia pacífica.
–Que, como toda resistencia pacífica, tiene su precio: consiste en aguantar las provocaciones que buscan lograr que quienes protestan ejerzan la violencia. A veces es difícil, pero siempre es posible. Al final se gana. Gandhi independizó a la India. Puede haber incluso una dictadura terrorífica, pero si un día la población decide simplemente no salir más de sus casas, la dictadura se cae. No necesitamos mártires. Tenemos demasiados. Necesitamos personas racionales y luchadoras, pero vivas, bien vivas.
–Los decretos de necesidad y urgencia transformaron a los ciudadanos en constitucionalistas. ¿Cómo hay que leer e interpretar la Constitución?
–Con sentido común, que es la famosa “racionalidad”. Las autoridades democráticas pueden hacer muchas cosas. Pueden elegir hacer unas cosas y no hacer otras. Esto se llama política. Pero lo que no pueden hacer es justamente “hacer cualquier cosa” y menos invocar necesidades que no existen. ¿Qué urgencia más que la de Clarín hay en desarticular la ley de medios y los organismos creados por ella?
–¿Qué urgencia hay?
–Yo no lo sé. ¿Qué necesidad y urgencia pública hay en hacer eso? ¿Me puede alguien decir qué urgencia pública hay en pasar la interceptación de comunicaciones telefónicas de la Procuración a la Corte Suprema? ¿Acaso no se están realizando correctamente como lo solicitan los jueces? ¿Ha habido denuncias de jueces porque la Procuración no intervino los teléfonos solicitados? ¿Se escapan los delincuentes porque el servicio no funciona? Es claro que no hay urgencia, al punto que la propia Corte resolvió postergar todo hasta febrero. Entonces, ¿no podía discutirlo el Congreso en marzo si la Corte no lo hace efectivo hasta febrero? El sentido común es el que señala cuándo algo es racional aunque no me guste. Y cuándo no lo es, aunque me guste. La necesidad y la urgencia no se inventan: deben responder a realidades. No se pueden invocar cuando alguien tiene ganas de hacer lo que le gusta. Si con el mismo criterio se manejarán en el futuro, me temo que puedan invocar la urgencia a los efectos de aplicar el artículo 23 de la Constitución.
–La potestad del Presidente de establecer el estado de sitio y suspender garantías constitucionales.
–Claro, es un artículo de la Constitución. Pero eso no quiere decir que se puede inventar una realidad para que en cualquier momento nos metan en estado de sitio en cualquier momento. Ahí sí que estaríamos todos en libertad condicional. El tono usado para la reforma por DNU de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual me recordó al decreto 4161 dictado por Pedro Eugenio Aramburu en marzo de 1956. Lo que están haciendo me hace pensar que desde el gobierno creen que son la “fusiladora” y que derrocaron a la “dictadura cristinista”. Sólo les falta ese decreto que penaba a todo el que nombrase al peronismo o cantase la marcha. Cuando un decreto de necesidad y urgencia no responde a ninguna necesidad ni urgencia no es constitucional, porque es una simple ley dictada por el Poder Ejecutivo, al que le está prohibido legislar. Hemos visto una maniobra muy peligrosa: por un lado la multiplicación de decretos sin necesidad ni urgencia, o sea, de decretos-leyes al estilo de los regímenes “de facto” y, por otro, la tentativa de introducir por vía de decreto a dos jueces en la Corte Suprema, con el obvio objetivo de que se los declaren constitucionales o, por lo menos, que demoren cualquier decisión que les haga perder vigencia. Creo que no les resultó del todo bien, pero la intención se mantiene.
–Ante la pregunta de por qué invocar la urgencia y la necesidad, la respuesta podría ser sencilla: porque a primera vista el Gobierno tiene el Congreso en contra.
–Claro, pero la necesidad constitucional no puede ser entendida como la necesidad política de “obviar” al Congreso. Eso es una enormidad. Si el Ejecutivo legisla por decreto-ley porque el Congreso no le sancionaría la ley que quiere, ¿por qué no lo clausura y asume la suma del poder? La necesidad constitucional debe ser una necesidad republicana y no otra: hay necesidad cuando hay peligro de algo para la República, para el país. Debo ascender a un oficial porque puede haber un problema de defensa nacional. Debo nombrar a un embajador porque está en riesgo una negociación clave. Debo nombrar un juez porque la justicia no se mueve y no pone un subrogante y hay delincuentes que pueden quedar sueltos. Pero no hay ninguna necesidad republicana si asciendo a general a mi primo subteniente, o si quiero nombrar embajador en Siria a mi cuñado para mandarlo lejos. O si quiero nombrar ministros de la Corte a mis compadres y sé que el Senado no daría el acuerdo. Eso no es ninguna necesidad republicana, es esquivar lisa y llanamente el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución. No se necesita ser un jurista para entenderlo. El sentido común lo indica.
–¿A qué objetivo apunta la presencia masiva en el Estado de cuadros que fueron gerentes generales o vicepresidentes ejecutivos de transnacionales?
–Sinceramente creo que no es un plan. Es más simple: se trata de una forma que adquiere la etapa superior del colonialismo que vivimos. Hoy se acabó el neocolonialismo. En el mundo mandan y compiten las corporaciones en el mundo. Ni Mr. Obama ni Frau Merkel están haciendo lo que quieren, sino que el poder político en todo el planeta está sitiado por corporaciones transnacionales a cargo de burócratas que son los CEOs. No son los dueños del capital. No son Henry Ford ni el gordo con cadena de oro y habano de las caricaturas de La Vanguardia de hace cien años. Son gerentes, burócratas que tienen por misión obtener la mejor renta en el menor tiempo para su corporación. Si no lo hacen serán desplazados y sustituidos por otros que esperan su turno. Por eso digo que no es un plan sino una nueva forma de virreinato. Simple y sencillamente. Mandan ellos, es decir las corporaciones transnacionales con sus agentes en funciones políticas. No hay un partido político en combinación con el “establishment” y que funciona como fusible. No. Directamente han tomado el poder, sin mediación política. Ya no nos ocupan por medio de oligarquías ni por nuestras propias Fuerzas Armadas alienadas en Panamá o en cursos dictados por fascistas franceses. Lo que sucede es que las corporaciones toman el comando de la economía y de la política a través de sus CEOs. Es un fenómeno nuevo dentro del marco del colonialismo, que debe leerse en clave mundial. Mientras analizamos este fenómeno pienso que debemos ser profundamente autocríticos con algo que falla. No nos hemos ocupado de las instituciones. No les dimos pelota. El campo popular no pensó en eso y el campo jurídico tampoco, y no sé cuál es más responsable de los dos. Los políticos tienen la disculpa de que su actividad es sumamente competitiva, propia del día a día, pero los juristas tenemos el deber de pensar porque estamos más lejos de la competencia cotidiana. No podemos confundir una democracia republicana con una democracia plebiscitaria. Si las confundimos llegaríamos a la conclusión de que Hitler y Mussolini eran demócratas. No es así: el que gana debe respetar a la minoría, porque debe dejar intangible el derecho de la mayoría a cambiar de opinión. Y esto debe estar establecido claramente en una ingeniería institucional que impida que la mayoría coyuntural haga cualquier cosa. Esto que está pasando nos pone sobre el tapete la realidad de que no tenemos la mejor Constitución del mundo, sino un texto de 160 años remendado a los ponchazos, en forma inconstitucional en 1957 y en forma constitucional en 1994, pero con urgencia para garantizar una reelección, sin mayor reflexión institucional ni valorización del parlamentarismo, por ejemplo. Hoy pagamos las consecuencias. Por eso digo que el campo político popular debe hacer su autocrítica. Es indispensable.
