Vicenç Navarro
Uno de los mayores escándalos en la comunidad científica fue el descubrimiento de que varios científicos, que estaban asesorando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la bondad de la vacunación masiva contra la epidemia de gripe porcina, estaban, en realidad, trabajando para la compañía farmacéutica que estaba fabricando tal vacuna, hecho que tales científicos no habían declarado. Como era de esperar, hubo una protesta generalizada, no sólo en la comunidad científica, sino también en la gran mayoría de medios de información, sobre la falta de neutralidad y objetividad de aquellos científicos que, al trabajar para la compañía farmacéutica que se beneficiaría de la decisión que tomó la OMS, estaban sesgando su asesoramiento a la OMS con el fin de favorecer otros intereses económicos.
En realidad, tal conflicto de intereses ha sido una práctica constante en la cultura científico-sanitaria, lo cual ha motivado toda una serie de medidas, tales como la necesidad de que los científicos tengan que declarar públicamente sus relaciones con grupos farmacéuticos u otros intereses económicos que puedan beneficiarse del trabajo del científico. Y, en muchos casos, deben también excusarse y no participar en funciones de asesoramiento a las autoridades públicas que deban tomar decisiones que afecten a los intereses de tales grupos económicos.
Es curioso (y preocupante) que tales políticas sostenedoras de la integridad científica y de la protección del interés público no se respeten en las áreas económicas. Así, en EEUU, 13 de los 19 economistas que han estado trabajando en el equipo económico del Presidente Obama, o que le han estado asesorando, estaban también asesorando a la banca sobre la cual el gobierno federal estaba actuando. Un tanto semejante ocurre en la rama legislativa del gobierno federal. De los 96 testimonios producidos por economistas frente a los dos comités más importantes del Congreso de EEUU en temas de regulación bancaria (Senate Committee of Banking y Finantial Services Committee), un tercio de las declaraciones se realizaban por economistas próximos a la banca que no declararon tal relación en la presentación de su testimonio. Todos ellos se presentaron como economistas (la gran mayoría universitarios), científicos objetivos, comprometidos con el bienestar de la población. Como bien señaló más tarde un Senador de tal Comité, que se indignó al descubrir estas conexiones, “no puede asumirse automáticamente que el bienestar de la banca y el bienestar de la población coincidan”. De ahí la necesidad de que las conexiones y simpatías de los economistas debieran declararse.
De la misma manera que ha habido un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la industria farmacéutica en la práctica médica, debiera haber un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la banca en el desarrollo de las políticas económicas. Al igual que los estados de la mayoría de países desarrollados han llevado a cabo políticas encaminadas a proteger a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios de esta excesiva influencia de la industria farmacéutica en el desarrollo de la cultura sanitaria (protección todavía muy limitada en España), hace falta que se desarrollen medidas semejantes orientadas a proteger a la ciudadanía de la excesiva influencia de la banca y otros grupos de presión. Sin embargo, no se han tomado medidas preventivas que protejan a la ciudadanía y a los profesionales de la excesiva influencia de la banca en configurar la cultura económica.
En EEUU, varios catedráticos de economía han protestado a la Asociación Americana de Economistas (The American Economic Association) sobre esta excesiva influencia de la banca en los mayores centros universitarios de estudios económicos, y que explica, en parte, su incapacidad de predecir la enorme crisis económica y financiera que estamos viviendo. Una situación semejante debiera ocurrir en España, donde la influencia de la industria farmacéutica y de la banca en configurar la sabiduría convencional en su área de conocimiento (sanidad y economía) es, a todas luces, excesiva. En el caso de la banca, los mayores centros y grupos de investigación social y económica en España están financiados por la Banca y por las Cajas, que determinan la “ortodoxia” económica, ortodoxia que ha fracasado rotundamente en esta situación de crisis. Hoy existe una enorme necesidad de cambios profundos en las ciencias sociales, incluyendo las ciencias económicas, que no sólo ignoraron las causas de las crisis, sino que contribuyeron a ella. Esta reforma requiere, sin embargo, un cambio muy sustancial de los sistemas de financiación e incentivos de la investigación social y económica. Ni que decir tiene, que la universidad debe estar abierta a la sociedad y servirla. Como tal, debe contribuir al desarrollo político, social y económico del país, investigando y asesorando a sus distintos componentes, incluyendo, como no, el mundo empresarial y financiero. Pero ello no debe ocurrir mediante la instrumentalización del mundo universitario por parte de estos intereses económicos y financieros. El mejor ejemplo de cómo no debería hacerse son las Cátedras Fedea, que son financiadas por la banca y por las empresas que están a su servicio. El establecimiento de estas Cátedras es la violación de la integridad del proyecto académico y de su objetividad y neutralidad. Todos los estudios de Fedea muestran la coincidencia entre los análisis y propuestas de tales Cátedras y los de la Banca. No es pues su objetivo el aumentar el conocimiento científico sino el de promover y propagar el ideario de tal grupo de presión.
http://www.vnavarro.org/?p=5466
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Uno de los mayores escándalos en la comunidad científica fue el descubrimiento de que varios científicos, que estaban asesorando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la bondad de la vacunación masiva contra la epidemia de gripe porcina, estaban, en realidad, trabajando para la compañía farmacéutica que estaba fabricando tal vacuna, hecho que tales científicos no habían declarado. Como era de esperar, hubo una protesta generalizada, no sólo en la comunidad científica, sino también en la gran mayoría de medios de información, sobre la falta de neutralidad y objetividad de aquellos científicos que, al trabajar para la compañía farmacéutica que se beneficiaría de la decisión que tomó la OMS, estaban sesgando su asesoramiento a la OMS con el fin de favorecer otros intereses económicos.
En realidad, tal conflicto de intereses ha sido una práctica constante en la cultura científico-sanitaria, lo cual ha motivado toda una serie de medidas, tales como la necesidad de que los científicos tengan que declarar públicamente sus relaciones con grupos farmacéuticos u otros intereses económicos que puedan beneficiarse del trabajo del científico. Y, en muchos casos, deben también excusarse y no participar en funciones de asesoramiento a las autoridades públicas que deban tomar decisiones que afecten a los intereses de tales grupos económicos.
Es curioso (y preocupante) que tales políticas sostenedoras de la integridad científica y de la protección del interés público no se respeten en las áreas económicas. Así, en EEUU, 13 de los 19 economistas que han estado trabajando en el equipo económico del Presidente Obama, o que le han estado asesorando, estaban también asesorando a la banca sobre la cual el gobierno federal estaba actuando. Un tanto semejante ocurre en la rama legislativa del gobierno federal. De los 96 testimonios producidos por economistas frente a los dos comités más importantes del Congreso de EEUU en temas de regulación bancaria (Senate Committee of Banking y Finantial Services Committee), un tercio de las declaraciones se realizaban por economistas próximos a la banca que no declararon tal relación en la presentación de su testimonio. Todos ellos se presentaron como economistas (la gran mayoría universitarios), científicos objetivos, comprometidos con el bienestar de la población. Como bien señaló más tarde un Senador de tal Comité, que se indignó al descubrir estas conexiones, “no puede asumirse automáticamente que el bienestar de la banca y el bienestar de la población coincidan”. De ahí la necesidad de que las conexiones y simpatías de los economistas debieran declararse.
De la misma manera que ha habido un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la industria farmacéutica en la práctica médica, debiera haber un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la banca en el desarrollo de las políticas económicas. Al igual que los estados de la mayoría de países desarrollados han llevado a cabo políticas encaminadas a proteger a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios de esta excesiva influencia de la industria farmacéutica en el desarrollo de la cultura sanitaria (protección todavía muy limitada en España), hace falta que se desarrollen medidas semejantes orientadas a proteger a la ciudadanía de la excesiva influencia de la banca y otros grupos de presión. Sin embargo, no se han tomado medidas preventivas que protejan a la ciudadanía y a los profesionales de la excesiva influencia de la banca en configurar la cultura económica.
En EEUU, varios catedráticos de economía han protestado a la Asociación Americana de Economistas (The American Economic Association) sobre esta excesiva influencia de la banca en los mayores centros universitarios de estudios económicos, y que explica, en parte, su incapacidad de predecir la enorme crisis económica y financiera que estamos viviendo. Una situación semejante debiera ocurrir en España, donde la influencia de la industria farmacéutica y de la banca en configurar la sabiduría convencional en su área de conocimiento (sanidad y economía) es, a todas luces, excesiva. En el caso de la banca, los mayores centros y grupos de investigación social y económica en España están financiados por la Banca y por las Cajas, que determinan la “ortodoxia” económica, ortodoxia que ha fracasado rotundamente en esta situación de crisis. Hoy existe una enorme necesidad de cambios profundos en las ciencias sociales, incluyendo las ciencias económicas, que no sólo ignoraron las causas de las crisis, sino que contribuyeron a ella. Esta reforma requiere, sin embargo, un cambio muy sustancial de los sistemas de financiación e incentivos de la investigación social y económica. Ni que decir tiene, que la universidad debe estar abierta a la sociedad y servirla. Como tal, debe contribuir al desarrollo político, social y económico del país, investigando y asesorando a sus distintos componentes, incluyendo, como no, el mundo empresarial y financiero. Pero ello no debe ocurrir mediante la instrumentalización del mundo universitario por parte de estos intereses económicos y financieros. El mejor ejemplo de cómo no debería hacerse son las Cátedras Fedea, que son financiadas por la banca y por las empresas que están a su servicio. El establecimiento de estas Cátedras es la violación de la integridad del proyecto académico y de su objetividad y neutralidad. Todos los estudios de Fedea muestran la coincidencia entre los análisis y propuestas de tales Cátedras y los de la Banca. No es pues su objetivo el aumentar el conocimiento científico sino el de promover y propagar el ideario de tal grupo de presión.
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