viernes, 24 de abril de 2009

Enseñanza religiosa, rehén de acuerdos ocultos

Domingo Riorda

El espinoso, anacrónico y discriminatorio tópico de la enseñanza religiosa católica romana en las escuelas públicas sigue vigente en la Argentina. En la edición del domingo 1 de febrero, sin dejar de lado el comentario sobre el lefebvrismo del que se ocupan todos los medios, el diario Pagina 12 dedicó cuatro notas a la enseñanza de la religión en las escuelas públicas.

Con el título de “Con la cruz, la pluma y la palabra”, “Polémica por la incorporación de la religión en las escuelas de Salta” la periodista Mariana Carbajal afirma que “Se dicta tanto en las escuelas públicas como privadas, aunque sean laicas. La asignatura lleva calificación y los chicos deben rezar antes de entrar a clases. Salta se sumó así a otras provincias con educación religiosa. Y el debate ya trascendió la provincia”, agregando que en algunas escuelas “hay pequeños altarcitos con ofrendas” y que “la asignatura lleva calificación”. Por supuesto el contenido educativo es católico romano, aún cuando se diga que todas las religiones pueden participar.

El Ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, al desarrollar la segunda nota titulada “La enseñanza religiosa”, aclara que dicha ley de la provincia ya estaba en la legislación anterior y responde a la Constitución de la provincia –con lo cual da el viso de legalidad- y que “La novedad radica en el hecho que la nueva ley salteña se dicta en el marco de los fines y objetivos de la Ley Nacional de Educación aprobada en diciembre de 2006”

Según el Ministro, “Esto significa que la enseñanza de la(s) religión(es) debe darse en el marco de una educación dirigida a formar personas y ciudadanos respetuosos de los derechos humanos y de la diversidad de identidades culturales o religiosas, solidarios, activos defensores de la paz y del diálogo como forma de resolución de los conflictos” que “valen para todas las escuelas públicas del país, sean de gestión privada o de gestión estatal”. Desde esta perspectiva, dice Tedesco, “no sería admisible que se enseñe una determinada religión (católica, judía, islámica, evangélica, etc.) promoviendo la concepción según la cual el otro es un impío, hereje, representante del Mal o un enemigo”.

Tedesco sostiene que “Necesitamos formar ciudadanos y elites dirigentes éticamente comprometidas con la justicia social, el respeto a los derechos humanos, a la paz y la solidaridad” por lo que “El Estado, nacional y provincial, tiene la obligación de supervisar estas formas de enseñanza para que este mandato se cumpla. En definitiva, se trata nada más y nada menos que cumplir con la ley”

Ambiguo razonamiento del Ministro de Educación Nacional sostenido por palabras harto conocidas, incluso para la generación que padecimos, en la década del 50, la obligación de estar en las clases de “Moral” porque no éramos católicos romanos y debíamos soportar una enseñanza de ese tema basado fuertemente en la doctrina católica romana con profesores y profesoras imposibles de sostener un debate medianamente racional

En la tercera de las notas de Página 12, firmada por Juan Esquivel, Doctor en Sociología, investigador del Conicet, se sostiene que “En una democracia, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una amplia gama de libertades; entre ellas, la libertad de conciencia” y que “Ello supone el respeto por la pluralidad de convicciones –religiosas, filosóficas, etc.– que conviven en el seno de la sociedad. De modo complementario, la igualdad y la no discriminación son dos principios constitutivos de todo sistema que se precie de democrático”.

Desde allí “Resulta contradictorio que el Estado abone a estos ideales si, al mismo tiempo, impulsa una doctrina religiosa en particular, independientemente del carácter mayoritario o minoritario de la misma”

A esa altura de la lectura, el lector o lectora puede esperar que en ese momento Esquivel se refiera al caso de Salta. Pero no, hay algo mas que ignoraban o olvidaban el lector o lectora que en general esta bien informado.

Esquivel no apunta a la norteña provincia sino a una Constitución provincial “que discrimina y coarta la libertad de conciencia”, que es la Carta Magna de la provincia de Santa Fe. El investigador del Conicet cita que el artículo 3º de esa Constitución, afirma que “la religión de la provincia es la católica, apostólica y romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa de que gozan sus habitantes”.

Sutilmente Esquivel dice que “Más allá del atenuante final” resulta inconcebible y digno de un Estado totalitario la determinación de cuál es “la religión de la provincia”, un derecho que le corresponde a cada ciudadano.

Pero Salta-Santa Fe no es un binomio solitario en la isla del asombro sino que “En Catamarca, por ejemplo, permanece el anacrónico requisito de profesar el culto católico apostólico romano para poder ser elegido gobernador o vicegobernador (art. 131 de la Constitución provincial)” observa Esquivel quien sentencia que “De acuerdo con la reglamentación, un evangélico, un judío o un ateo, por ejemplo, se encuentran imposibilitados de conducir los destinos de la provincia” para agregar que “en la propia Constitución Nacional, continúa vigente el artículo 2º que estipula el sostenimiento oficial del culto católico apostólico romano”.

Algunas apreciaciones de lo que estaría detrás de esas situaciones surgen en la nota “Una trinidad no tan santa” cuyo autor, Gerardo Bianchetti, es Profesor de Política Educacional de la Universidad Nacional de Salta.

Bianchetti se asocia a la idea de Tedesco de que “La enseñanza de la religión en las escuelas públicas de Salta no constituye un hecho nuevo desde el momento en que la Constitución provincial lo contempla”, por lo que, al igual que el Ministro, opina que no es la novedad de esta disposición lo que llama la atención “sino la constatación de la continuidad de una histórica alianza entre el poder político-económico local y la Iglesia Católica, que aparece como la que obtiene mayores logros de esa exigencia establecida por la Ley Provincial de Educación”

Para Bianchetti, y con razón, la ICR (Iglesia Católica Romana) de Salta que “se ha destacado por ser una de las más conservadoras del país, nuevamente se ha visto favorecida con la vinculación a esos poderes, reafirmando su función mediadora para que al César se les perdonen muchos pecados, recibiendo como contraparte algunas ventajas por esas indulgencias” y que “En el ámbito de la educación superior, es la Universidad Católica la que se beneficia por esa estrecha relación, ya que es la que provee los intelectuales tradicionales requeridos por el conservadurismo local, para ocupar espacios de poder”.

Ya en la nota de Mariana Carvajal se denunciaba que quienes enseñan religión en las escuelas públicas provienen desde sectores educativos de la ICR, conservadores por cierto. Ahora Bianchetti amplia el concepto, iluminando el circuito César-Iglesia afirmando que “El permanente interés por controlar los contenidos que se imparten a través de la educación en los niveles primario y secundario por parte de las iglesias, principalmente la católica, forma parte del intento por imponer, a las sociedades, una determinada cosmovisión fundada en preceptos religiosos, buscando recuperar el monopolio de la enseñanza ejercido durante siglos y que fuera limitado por el triunfo de las revoluciones burguesas que transformaron la educación pública en una razón de Estado”

Por si hiciera falta reforzar esta vigencia del ideal de Constantino plasmado en el Concilio de Nicea del 325 –nudo institucional de la relación Imperio-Iglesia- Bianchetti agrega que “En diferentes momentos de nuestra historia, gobiernos de distinta naturaleza hicieron concesiones a las demandas de la Iglesia como forma de establecer una alianza que permitiera defender un determinado orden social. En el caso de Salta, la inclusión de ese ¨espacio curricular”, con el argumento de que constituye el instrumento adecuado para la ¨formación en valores, oculta el principal objetivo, que es el de demostrar y ratificar la influencia y control que ejerce la Iglesia, sobre el poder político”.

Ese razonamiento puede incitar al descubrimiento de una ventana oculta por la enredadera de la información. Alianzas que van más allá de lo que uno mismo puede suponer. Me toca de cerca. Semanas atrás, en una correspondencia personal con una persona que ocupa un alto puesto jerárquico en una importante organización nacional, con trascendencia continental, compartiendo temas políticos del país y su relación con la ICR me dice que su temor “no es tanto por Bergoglio (que no tiene poder), sino por Aguer y otros voceros papales” Si la primera sentencia me dejó perplejo, la segunda me desorientó. Sin embargo, lo de Bianchetti apuntaría hacia ese mismo rincón donde duendes esconden la realidad en la almohada de las intrigas.

Un debates sobre lo de Salta-Santa Fe-Catamarca (¿hay otras provincias?) tiende a circunscribirlo en la cuestión de la “libertad religiosa” y en el simple y repetido tema del imperialismo vaticano. Sin embargo, aparece como mucho más amplio y complejo. Sus raíces se introducen en la triste historia de la relación Imperio-Iglesia que fomentó el sometimiento de los pueblos.

Gerardo Bianchetti apuesta fuerte a que “Si la verdadera preocupación fuera la de lograr construir una sociedad fundada en los valores que se proclaman desde la religión, la sociedad debería escuchar también fuertes reclamos por la explotación de los trabajadores, los negociados por las tierras públicas, la destrucción del medio ambiente o sobre la corrupción de quienes juran sobre los santos evangelios. El silencio sobre esos temas muestra que las preocupaciones pasan por otro lado y que el “César” puede quedarse tranquilo, porque alguien, que también tiene poder, le cuida sus espaldas” Por cierto, más allá de las diferencias públicas. + (PE).


Domingo Riorda
http://www.ecupres.com.ar/noticias.asp?Articulos_id=3512

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