De acuerdo con información publicada ayer por The Washington Post, la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Louise Arbour, abandonará el cargo a fines de junio. Según la información, la dimisión obedece principalmente a la resistencia sistemática de Estados Unidos a comprometerse con una política efectiva de respeto a las garantías individuales. De hecho, durante su gestión han sido constantes las críticas a las acciones “antiterroristas” emprendidas por Washington a raíz de los ataques del 11 de septiembre de
En la actualidad, el mundo atraviesa por una época particularmente adversa para la protección de las garantías individuales, así como por un fortalecimiento del autoritarismo ante las tendencias abusivas de los estados. Acaso el peor síntoma de esta situación sea la renuncia de Arbour, funcionaria que cuenta con una amplia trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos –destaca su desempeño como fiscal de crímenes de guerra en los tribunales internacionales por los casos de genocidio en Ruanda y la ex Yugoslavia– y una de las voces más críticas de Estados Unidos y sus aliados occidentales, pero cuya influencia en
Por otra parte, como han señalado puntualmente diversas organizaciones de derechos humanos, ningún otro régimen en el mundo comete tantos atropellos a las garantías individuales como Estados Unidos. Precisamente en el contexto de la llamada “guerra contra el terrorismo”, tales vejaciones han alcanzado grados de barbarie: debe recordarse que el gobierno de Bush ha recomendado desconocer las directivas vigentes en materia de prisioneros de guerra, a fin de otorgar a sus milicias la facultad de aprehender discrecionalmente a ciudadanos de cualquier país que sean considerados “combatientes enemigos”, e incluso de torturarlos “moderadamente”.
Por lo demás, los atropellos de Washington a las garantías individuales no sólo suceden fuera del territorio estadunidense, sino también dentro de él. Como botón de muestra, la llamada Ley Patriótica, normativa impuesta a instancias del ex procurador Alberto Gonzales, legaliza atropellos como el espionaje telefónico, la apertura clandestina de correspondencia, la intercepción de correo electrónico, la sustracción secreta de documentos personales y la escucha de conferencias telefónicas, todo ello sin necesidad de orden judicial.
Para México, sumido también en una regresión en el respeto a los derechos humanos, la renuncia de Arbour no es buena noticia. Cabe recordar que hace unas semanas, de visita a nuestro país, la funcionaria criticó algunos de los aspectos más exasperantes del creciente autoritarismo gubernamental, como la persistencia de la impunidad, la criminalización de la protesta social y el uso de las fuerzas armadas en tareas ajenas a su encomienda constitucional.
En el contexto internacional, la renuncia de Arbour debe ser vista como una señal de alarma ante la lamentable situación en materia de derechos humanos y como un llamado a la comunidad mundial a retomar la lucha por el pleno respeto de las garantías individuales y de las libertades fundamentales.
