Doctor Luis Federico Arias
Las crónicas periodísticas repiten y propalan de modo recurrente la existencia de ilícitos cometidos por “menores”, quienes -según la aceitada maquinaria comunicacional- parecen ser en gran parte, los responsables de la grave sensación de inseguridad que padece nuestra sociedad, como si el único lugar posible para los pibes fuera esa cartelera mediática que los exhibe como victimarios de hechos violentos, soslayando la sombría realidad que agobia a gran parte de nuestros jóvenes, con hogares sumidos en la pobreza estructural, en un contexto de analfabetismo, disfuncionalidad familiar, adicciones, segregación social, indiferencia, desigualdad, falta de oportunidades y discriminación, entre otras formas de violencia sistémica o estructural.
Esta situación de vulnerabilidad en la que se hallan sumidos nuestros jóvenes, que suele generar sentimientos de humillación, odio y resentimiento por parte de quienes lo padecen, ha sido completamente “naturalizada” por los sectores medios de la sociedad, que guiados por la razón del consumo, declinan su compromiso y niegan la verdadera dimensión de esta problemática, sin asumir sus consecuencias en innumerables casos de niños víctimas del hambre, el frío, las enfermedades asociadas con la pobreza, u otras situaciones que no logran gran impacto mediático, y sin embargo, arrojan decenas de muertos cada año.
Por su parte, los jóvenes expulsados del paraíso glamoroso del consumo, procuran alcanzar por todos los medios posibles el umbral que los acerque a la imagen estereotipada de consumidores medios que nos impone la religión del mercado, para ser reconocidos por la sociedad. Pero las deidades del consumo no están de su lado, por más que se esfuercen en lucir los símbolos religiosos de nuestro tiempo (zapatillas de marca, celulares de última generación, etc.), porque el dios de este tiempo genera incesantemente -al igual que todo proceso de producción- estos “desperdicios” vivientes que habitan los vertederos humanos.
La retórica política y su accionar, también parecen orientarse a los sectores medios del consumo, al punto que, la política misma se parece bastante a un producto de consumo, en tanto se desenvuelve bajo las mismas reglas del mercado y su actividad se endereza a la conquista de ese espacio que constituye el electorado activo, cuyo voluntad es cambiante y voluble. Esto es lo que sucede en nuestro medio con la recurrente proclama del Gobernador Scioli, quien intenta explotar el miedo colectivo de los sectores medios, propiciando la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los “menores”. Pero esta propuesta no encuentra sustento en acciones políticas concretas de su Gobierno respecto de los niños, jóvenes y adolescentes; no implica compromisos presupuestarios y no tiene costes políticos, puesto que el cambio legislativo que propicia depende una modificación legislativa a cargo del Congreso Nacional. Desde esta perspectiva se advierte que la citada decisión alberga un análisis de costo-beneficio, donde hay mucho que ganar y poco que perder. Esta situación no difiere de otras, donde prevalece una retórica a favor de los sectores más vulnerables -opuesta solo en apariencia a la anterior-, sin arraigo en acciones políticas concretas de integración social.
Esta retórica que parte de una situación de otredad y exclusión, se ve reflejada sistemáticamente en la actividad judicial dominada por ese estado de indiferencia, que se materializa cuando el poder político es requerido judicialmente para brindar respuestas a alguna de estas problemáticas sociales. Los funcionarios respectivos suelen mostrarse esquivos y eluden cualquier compromiso, brindando respuestas o soluciones formales que generalmente son paliativos temporales e inadecuados. Y si la justicia emite una orden judicial adversa, para brindar satisfacción a los derechos de los niños, el pronunciamiento judicial suele ser percibido políticamente, como un acto conspirativo que responde a intereses políticos subalternos de la justicia.
Sin embargo, otra es la actitud cuando las puertas de la justicia se abren de par en par para juzgar penalmente a quienes se los califica de “menores delincuentes”, en sintonía con las políticas represivas/regresivas legitimadas por los sectores medios del consumo que proclaman políticas más enérgicas en materia de seguridad, guiados por sentimientos neofascistas que, sin ser asumidos directamente por el poder político, son alentados o desarrollados por la maquinaria mediático-política.
No es posible desconocer que nos desenvolvemos en una sociedad que presenta un estado de fragmentación y de violencia desconocido para quienes hemos crecido bajo otro paradigma, pero ello no implica que debamos atribuirlo a los jóvenes y los sectores más vulnerables, porque más grave aún que la violencia interpersonal que llena las páginas de los periódicos, es aquella que se deriva del abandono y la exclusión perpetrada por el Estado, y legitimada desde ciertos sectores de la sociedad, de un modo solapado y lacerarte. Es necesario tomar conciencia que los jóvenes reproducen a su modo, con sus rudimentos, aquello que perciben desde la sociedad y el Estado, a modo de un espejo que nos devuelve la imagen de lo que somos y no queremos mirar.
(*) El doctor Arias es juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata.
http://www.pelotadetrapo.org.ar/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=5300:el-espejo-que-no-queremos-mirar&catid=35:noticia-del-dia&Itemid=106
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Las crónicas periodísticas repiten y propalan de modo recurrente la existencia de ilícitos cometidos por “menores”, quienes -según la aceitada maquinaria comunicacional- parecen ser en gran parte, los responsables de la grave sensación de inseguridad que padece nuestra sociedad, como si el único lugar posible para los pibes fuera esa cartelera mediática que los exhibe como victimarios de hechos violentos, soslayando la sombría realidad que agobia a gran parte de nuestros jóvenes, con hogares sumidos en la pobreza estructural, en un contexto de analfabetismo, disfuncionalidad familiar, adicciones, segregación social, indiferencia, desigualdad, falta de oportunidades y discriminación, entre otras formas de violencia sistémica o estructural.
Esta situación de vulnerabilidad en la que se hallan sumidos nuestros jóvenes, que suele generar sentimientos de humillación, odio y resentimiento por parte de quienes lo padecen, ha sido completamente “naturalizada” por los sectores medios de la sociedad, que guiados por la razón del consumo, declinan su compromiso y niegan la verdadera dimensión de esta problemática, sin asumir sus consecuencias en innumerables casos de niños víctimas del hambre, el frío, las enfermedades asociadas con la pobreza, u otras situaciones que no logran gran impacto mediático, y sin embargo, arrojan decenas de muertos cada año.
Por su parte, los jóvenes expulsados del paraíso glamoroso del consumo, procuran alcanzar por todos los medios posibles el umbral que los acerque a la imagen estereotipada de consumidores medios que nos impone la religión del mercado, para ser reconocidos por la sociedad. Pero las deidades del consumo no están de su lado, por más que se esfuercen en lucir los símbolos religiosos de nuestro tiempo (zapatillas de marca, celulares de última generación, etc.), porque el dios de este tiempo genera incesantemente -al igual que todo proceso de producción- estos “desperdicios” vivientes que habitan los vertederos humanos.
La retórica política y su accionar, también parecen orientarse a los sectores medios del consumo, al punto que, la política misma se parece bastante a un producto de consumo, en tanto se desenvuelve bajo las mismas reglas del mercado y su actividad se endereza a la conquista de ese espacio que constituye el electorado activo, cuyo voluntad es cambiante y voluble. Esto es lo que sucede en nuestro medio con la recurrente proclama del Gobernador Scioli, quien intenta explotar el miedo colectivo de los sectores medios, propiciando la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los “menores”. Pero esta propuesta no encuentra sustento en acciones políticas concretas de su Gobierno respecto de los niños, jóvenes y adolescentes; no implica compromisos presupuestarios y no tiene costes políticos, puesto que el cambio legislativo que propicia depende una modificación legislativa a cargo del Congreso Nacional. Desde esta perspectiva se advierte que la citada decisión alberga un análisis de costo-beneficio, donde hay mucho que ganar y poco que perder. Esta situación no difiere de otras, donde prevalece una retórica a favor de los sectores más vulnerables -opuesta solo en apariencia a la anterior-, sin arraigo en acciones políticas concretas de integración social.
Esta retórica que parte de una situación de otredad y exclusión, se ve reflejada sistemáticamente en la actividad judicial dominada por ese estado de indiferencia, que se materializa cuando el poder político es requerido judicialmente para brindar respuestas a alguna de estas problemáticas sociales. Los funcionarios respectivos suelen mostrarse esquivos y eluden cualquier compromiso, brindando respuestas o soluciones formales que generalmente son paliativos temporales e inadecuados. Y si la justicia emite una orden judicial adversa, para brindar satisfacción a los derechos de los niños, el pronunciamiento judicial suele ser percibido políticamente, como un acto conspirativo que responde a intereses políticos subalternos de la justicia.
Sin embargo, otra es la actitud cuando las puertas de la justicia se abren de par en par para juzgar penalmente a quienes se los califica de “menores delincuentes”, en sintonía con las políticas represivas/regresivas legitimadas por los sectores medios del consumo que proclaman políticas más enérgicas en materia de seguridad, guiados por sentimientos neofascistas que, sin ser asumidos directamente por el poder político, son alentados o desarrollados por la maquinaria mediático-política.
No es posible desconocer que nos desenvolvemos en una sociedad que presenta un estado de fragmentación y de violencia desconocido para quienes hemos crecido bajo otro paradigma, pero ello no implica que debamos atribuirlo a los jóvenes y los sectores más vulnerables, porque más grave aún que la violencia interpersonal que llena las páginas de los periódicos, es aquella que se deriva del abandono y la exclusión perpetrada por el Estado, y legitimada desde ciertos sectores de la sociedad, de un modo solapado y lacerarte. Es necesario tomar conciencia que los jóvenes reproducen a su modo, con sus rudimentos, aquello que perciben desde la sociedad y el Estado, a modo de un espejo que nos devuelve la imagen de lo que somos y no queremos mirar.
(*) El doctor Arias es juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata.
http://www.pelotadetrapo.org.ar/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=5300:el-espejo-que-no-queremos-mirar&catid=35:noticia-del-dia&Itemid=106
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